¿Por que las Mujeres Latinoamericanas no Denuncian a su Agresor?

32 de las 43 mujeres atendidas este año por violencia de género han sido inmigrantes, con este titular daba comienzo un artículo publicado (20 agosto 2009), en el Diario El Correo. El artículo continua diciendo que 15 eran de nacionalidad sudamericana (latinoamericanas) y que un número importante de de mujeres inmigrantes hacen uso del recurso de acogida en materia de violencia de género.

Las mujeres latinoamericanas no denuncia a su agresor, no por que los colectivos de inmigrantes tengan algún déficit de formación e información sobre este tema.

Las mujeres latinoamericanas no denuncia porque la mayoría de ellas, dependen económicamente, socialmente de sus maridos, y estos hacen uso de su posición de superioridad ante ellas. Por que estas mujeres se encuentran en situación irregular (no tienen el NIE – número de identidad del extranjero) o llegaron a España por un proceso de reagrupación familiar por lo tanto no tienen un permiso de trabajo, solo el de residencia.

Con esto ellas creen que las administraciones públicas son una amenaza más que una protección, tienen el temor a no ser creídas, cuando interponen denuncia contra su agresor y sobre todo que pueda afectar su proceso de regularización de la autorización de residencia. (Esta autorización está condicionada a la convivencia con su pareja)

Para no perder la autorización de residencia al separarse de su agresor, deben contar con una orden de protección judicial y ésta puede llegar en 48 horas o tardar varios meses. Además, la autorización de residencia independiente no va acompañada de un permiso de trabajo, con lo que carecen de autonomía. Se les exige que cuenten con un contrato de trabajo para obtener el permiso.

La mujeres victimas de estas agresiones, en general las inmigrantes, deberían recibir unas ayudas económicas mínimas para que puedan sobrevivir mientras consiguen la orden judicial de protección, el permiso de residencia y el permiso de trabajo.

El temor a denunciar a su agresor y emprender acciones legales, representa una carga emocional y traumática para sus vidas y a esto se suma el rechazo de familiares y amigos enfrentándose de esta manera a una situación de desarraigo, no se atreven a denunciar por el temor de expulsión de sus maridos o parejas y sienten que ellos son lo único que tienen y conocen.

Muchas de las que llegan a España – La Rioja vienen buscando mejoras para sus familias, son de todo extracto social y nivel cultural, vienen de familias en donde el dominio del hombre, el machismo ha imperado en sus vidas desde pequeñas, por que la denuncia por violencia de genero en sus países de origen no existe, tienen la creencia o la idea de que hay que soportar todo los maltratos por el bien de los hijos, pero no saben que esta idea errónea que tienen es totalmente negativa, porque los hijos al ver esta agresión, lo practicaran cuando lleguen a tener su pareja.

Las legislaciones de algunos países de Latinoamérica sobre el tema violencia de género presentan incoherencias que hacen que este delito no sean castigados debidamente o en la mayoría de los casos estos queden impunes. La mayoría de las legislaciones, por ejemplo, exigen que las mujeres se sometan a un examen médico para recibir un certificado que les permita probar la denuncia por violencia de género; sin embargo, debido a la dificultad inherente en interpretar las lesiones producidas por la violencia, muchos de estos médicos clasifican las lesiones (hematomas, rasguños, contusiones) como una lesión menor, en lugar de clasificarlas como un delito en su conjunto.

Ecuador, Colombia, Honduras y Guatemala han creado unidades especiales con mujeres policías como alternativa de respuesta al comportamiento hostil o indiferente de la policía masculina frente a las denuncias de violencia de género. La legislación Peruana insta a la reconciliación antes que a la acusación, y favorece las reuniones de mediación inclusive cuando la vida de la víctima está amenazada, lo cual implícitamente significa que las relaciones interpersonales violentas deben resolverse a través de una negociación en lugar de castigarlas.

Con todo esto las mujeres latinoamericanas, al no tener conocimiento de sus derechos como víctimas de violencia de género, consideran que los procesos para efectuar la denuncia contra su agresor son las mismas que las de su país de origen.

Las mujeres latinoamericanas, víctimas de violencia de género, desconocen que podrán obtener el permiso de residencia, sin depender de su conyugue cuando haya una orden de protección por violencia de género o cuando haya sentencia condenando al conyugue reagrupante.

En conclusión, el enfrentamiento al problema de la violencia contra la mujer latinoamericana, debiera comprender el ofrecimiento de garantías de acceso para las víctimas a los mecanismos de protección y justicia; la promoción de nuevas medidas contra la violencia de género; el mejoramiento de la capacidad de respuesta del sector sanitario para identificar, proteger y cuidar a las víctimas; la provisión a las víctimas de apoyo legal y psicológico, así como la protección personal y judicial necesarias para ayudarlas a presentar su caso ante la justicia; y, la creación de una cultura no-violenta mediante planes de educación y estrategias de concientización dirigidas tanto a hombres como a mujeres.

Esperemos que la formación sobre violencia de género dirigido a asociaciones de inmigrantes, entre otros; tal como lo indicara el plan de atención y prevención de la violencia de género en población extranjera inmigrante, cuyo objeto es de capacitarles en prevención, detección y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia, pueda contribuir a la erradicación del maltrato contra la mujer, porque esto es también violencia de género.

Publicado en el Diario ”La Rioja” – 23 agosto 2009